El Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, tras su discurso de rendición de memoria de las ejecutorias del transcurrido interregno (2008-2009), dictó varios decretos que ponen en retiro altos mandos militares, además produjo ascensos en los cuerpos castrenses en diferentes niveles.
Estos cambios son el resultado de la reacción presidencial a las constantes críticas y comentarios sobre los recientes hechos que involucran militares en acciones relacionadas al narcotráfico y a la violencia mafiosa acaecidos en el país.
Sostiene el propio primer mandatario, secundado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Franklin Almeyda Rancier, que estos cambios se corresponden con un proceso de depuración emprendido para limpiar esos organismos de seguridad estatal y ciudadana.
Si bien es cierto que todos estos retiros y promociones, inciden real y efectivamente en esos cuerpos militares y policiales, toda vez que traen nuevas ideas y criterios, no menos cierto es, que se trata de tomar el “rábano por las hojas”, pues el gran mal de estas instituciones consiste en una herencia histórica de privilegios y lisonjas otorgadas a los policías y militares.
Desde la fundación de la policía nacional el 22 de marzo del 1936 y la refundación de las Fuerzas Armadas al amparo de la tiranía trujillista en el 1930, el tirano creo instituciones rodadas de privilegios. El hecho de ser militar le otorgaba diferencia de los ciudadanos comunes, un guardia en cualquier lugar era un “jefe”, es decir la prolongación de jefe que represento Rafael Leónidas Trujillo, que era un militar.
Tras el decapitamiento del sátrapa que gobernó el país por treinta aciagos años, los cuerpos militares tomaron el control del país; sembrando una cultura militarista, cuyos gobiernos civiles tenia que estar respaldados por los militares y policías para poder mantenerse en el poder: la forma de congraciarse con los mandos militares era permitirle operar libremente, utilizar trafico de influencia, darle exoneraciones, viviendas y cualquier tipo de facilidades (desde evasión de impuestos al latrocinio).
El golpe de estado escenificado contra el gobierno sietemesino de Juan Bosch, fue realizado por militares que se encontraban afectados en su libertinaje, no se les permitió hacer los desafueros que solían ejecutar, argumentado la consigna aterrorizante del anticomunismo, conquistaron los sectores conservadores; pero en realidad el motivo fue, el freno a los privilegios que preconizaba la política de institucionalidad enarbola por ese gobierno.
Los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer se caracterizaron por favorecer a los militares, al grado que cuando el hacendado Antonio Guzmán Fernández ascendió al poder, realizo algunos retiros de militares, generando mucho sigilo y peligrosidad en el país, con el temor de que estos militares pudieren general un golpe de estado; situación que fue manejada con la intervención de los Estados Unidos de América, dado la existencia de un golpe de estado virtual, contra el nuevo gobierno.
En el gobierno perredista de Salvador Jorge Blanco, se produjo la mayor entrega de recursos estatales y prerrogativas a las clases militares del país. Actuaciones ejecutadas por este político para pretender perpetuarse en el poder con el favor de estos cuerpos armados.
Estos privilegios, ayudas y permisibilidades, que por mas de medio siglo han disfrutado estos militares y policías, la mayoría de ellos enriquecidos con los recursos del estado, entes que siempre han devengado sueldos irrisorios, no se corresponde con las fortunas que por décadas han acuñados estos sectores.
El tenor de que los militares puedan trastocar el orden democrático e institucional en el país, se evidencia en la actualidad, en las propias declaraciones expresa por el Monseñor agripino Núñez Collado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como sectores de poder y conservadores del país, en el sentido de que el tema de la depuración de la fuerzas armadas y policía nacional tiene que ser manejado con mucho cuidad y que debe ser objeto de un debate secreto.
Esta situación de soborno económico a los guardias y policías, extendida en el tiempo es la patrocinadora, de que estos estamentos sean el blanco del narcotráfico, toda vez que es un negocio seguro para los narcotraficantes contar con un sector lleno de privilegio en una sociedad todavía acosada por el terror militarista de un golpe de estado de cuño castrense.
Estos cambios son el resultado de la reacción presidencial a las constantes críticas y comentarios sobre los recientes hechos que involucran militares en acciones relacionadas al narcotráfico y a la violencia mafiosa acaecidos en el país.
Sostiene el propio primer mandatario, secundado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Franklin Almeyda Rancier, que estos cambios se corresponden con un proceso de depuración emprendido para limpiar esos organismos de seguridad estatal y ciudadana.
Si bien es cierto que todos estos retiros y promociones, inciden real y efectivamente en esos cuerpos militares y policiales, toda vez que traen nuevas ideas y criterios, no menos cierto es, que se trata de tomar el “rábano por las hojas”, pues el gran mal de estas instituciones consiste en una herencia histórica de privilegios y lisonjas otorgadas a los policías y militares.
Desde la fundación de la policía nacional el 22 de marzo del 1936 y la refundación de las Fuerzas Armadas al amparo de la tiranía trujillista en el 1930, el tirano creo instituciones rodadas de privilegios. El hecho de ser militar le otorgaba diferencia de los ciudadanos comunes, un guardia en cualquier lugar era un “jefe”, es decir la prolongación de jefe que represento Rafael Leónidas Trujillo, que era un militar.
Tras el decapitamiento del sátrapa que gobernó el país por treinta aciagos años, los cuerpos militares tomaron el control del país; sembrando una cultura militarista, cuyos gobiernos civiles tenia que estar respaldados por los militares y policías para poder mantenerse en el poder: la forma de congraciarse con los mandos militares era permitirle operar libremente, utilizar trafico de influencia, darle exoneraciones, viviendas y cualquier tipo de facilidades (desde evasión de impuestos al latrocinio).
El golpe de estado escenificado contra el gobierno sietemesino de Juan Bosch, fue realizado por militares que se encontraban afectados en su libertinaje, no se les permitió hacer los desafueros que solían ejecutar, argumentado la consigna aterrorizante del anticomunismo, conquistaron los sectores conservadores; pero en realidad el motivo fue, el freno a los privilegios que preconizaba la política de institucionalidad enarbola por ese gobierno.
Los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer se caracterizaron por favorecer a los militares, al grado que cuando el hacendado Antonio Guzmán Fernández ascendió al poder, realizo algunos retiros de militares, generando mucho sigilo y peligrosidad en el país, con el temor de que estos militares pudieren general un golpe de estado; situación que fue manejada con la intervención de los Estados Unidos de América, dado la existencia de un golpe de estado virtual, contra el nuevo gobierno.
En el gobierno perredista de Salvador Jorge Blanco, se produjo la mayor entrega de recursos estatales y prerrogativas a las clases militares del país. Actuaciones ejecutadas por este político para pretender perpetuarse en el poder con el favor de estos cuerpos armados.
Estos privilegios, ayudas y permisibilidades, que por mas de medio siglo han disfrutado estos militares y policías, la mayoría de ellos enriquecidos con los recursos del estado, entes que siempre han devengado sueldos irrisorios, no se corresponde con las fortunas que por décadas han acuñados estos sectores.
El tenor de que los militares puedan trastocar el orden democrático e institucional en el país, se evidencia en la actualidad, en las propias declaraciones expresa por el Monseñor agripino Núñez Collado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como sectores de poder y conservadores del país, en el sentido de que el tema de la depuración de la fuerzas armadas y policía nacional tiene que ser manejado con mucho cuidad y que debe ser objeto de un debate secreto.
Esta situación de soborno económico a los guardias y policías, extendida en el tiempo es la patrocinadora, de que estos estamentos sean el blanco del narcotráfico, toda vez que es un negocio seguro para los narcotraficantes contar con un sector lleno de privilegio en una sociedad todavía acosada por el terror militarista de un golpe de estado de cuño castrense.
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