Monday, April 20, 2009
Saturday, March 07, 2009
CORRUPCIÓN FUERZAS ARMADAS Y POLICIA DOMINICANAS: ¿UN MAL HISTORICO?
El Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, tras su discurso de rendición de memoria de las ejecutorias del transcurrido interregno (2008-2009), dictó varios decretos que ponen en retiro altos mandos militares, además produjo ascensos en los cuerpos castrenses en diferentes niveles.
Estos cambios son el resultado de la reacción presidencial a las constantes críticas y comentarios sobre los recientes hechos que involucran militares en acciones relacionadas al narcotráfico y a la violencia mafiosa acaecidos en el país.
Sostiene el propio primer mandatario, secundado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Franklin Almeyda Rancier, que estos cambios se corresponden con un proceso de depuración emprendido para limpiar esos organismos de seguridad estatal y ciudadana.
Si bien es cierto que todos estos retiros y promociones, inciden real y efectivamente en esos cuerpos militares y policiales, toda vez que traen nuevas ideas y criterios, no menos cierto es, que se trata de tomar el “rábano por las hojas”, pues el gran mal de estas instituciones consiste en una herencia histórica de privilegios y lisonjas otorgadas a los policías y militares.
Desde la fundación de la policía nacional el 22 de marzo del 1936 y la refundación de las Fuerzas Armadas al amparo de la tiranía trujillista en el 1930, el tirano creo instituciones rodadas de privilegios. El hecho de ser militar le otorgaba diferencia de los ciudadanos comunes, un guardia en cualquier lugar era un “jefe”, es decir la prolongación de jefe que represento Rafael Leónidas Trujillo, que era un militar.
Tras el decapitamiento del sátrapa que gobernó el país por treinta aciagos años, los cuerpos militares tomaron el control del país; sembrando una cultura militarista, cuyos gobiernos civiles tenia que estar respaldados por los militares y policías para poder mantenerse en el poder: la forma de congraciarse con los mandos militares era permitirle operar libremente, utilizar trafico de influencia, darle exoneraciones, viviendas y cualquier tipo de facilidades (desde evasión de impuestos al latrocinio).
El golpe de estado escenificado contra el gobierno sietemesino de Juan Bosch, fue realizado por militares que se encontraban afectados en su libertinaje, no se les permitió hacer los desafueros que solían ejecutar, argumentado la consigna aterrorizante del anticomunismo, conquistaron los sectores conservadores; pero en realidad el motivo fue, el freno a los privilegios que preconizaba la política de institucionalidad enarbola por ese gobierno.
Los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer se caracterizaron por favorecer a los militares, al grado que cuando el hacendado Antonio Guzmán Fernández ascendió al poder, realizo algunos retiros de militares, generando mucho sigilo y peligrosidad en el país, con el temor de que estos militares pudieren general un golpe de estado; situación que fue manejada con la intervención de los Estados Unidos de América, dado la existencia de un golpe de estado virtual, contra el nuevo gobierno.
En el gobierno perredista de Salvador Jorge Blanco, se produjo la mayor entrega de recursos estatales y prerrogativas a las clases militares del país. Actuaciones ejecutadas por este político para pretender perpetuarse en el poder con el favor de estos cuerpos armados.
Estos privilegios, ayudas y permisibilidades, que por mas de medio siglo han disfrutado estos militares y policías, la mayoría de ellos enriquecidos con los recursos del estado, entes que siempre han devengado sueldos irrisorios, no se corresponde con las fortunas que por décadas han acuñados estos sectores.
El tenor de que los militares puedan trastocar el orden democrático e institucional en el país, se evidencia en la actualidad, en las propias declaraciones expresa por el Monseñor agripino Núñez Collado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como sectores de poder y conservadores del país, en el sentido de que el tema de la depuración de la fuerzas armadas y policía nacional tiene que ser manejado con mucho cuidad y que debe ser objeto de un debate secreto.
Esta situación de soborno económico a los guardias y policías, extendida en el tiempo es la patrocinadora, de que estos estamentos sean el blanco del narcotráfico, toda vez que es un negocio seguro para los narcotraficantes contar con un sector lleno de privilegio en una sociedad todavía acosada por el terror militarista de un golpe de estado de cuño castrense.
Estos cambios son el resultado de la reacción presidencial a las constantes críticas y comentarios sobre los recientes hechos que involucran militares en acciones relacionadas al narcotráfico y a la violencia mafiosa acaecidos en el país.
Sostiene el propio primer mandatario, secundado por el Secretario de Estado de Interior y Policía, Dr. Franklin Almeyda Rancier, que estos cambios se corresponden con un proceso de depuración emprendido para limpiar esos organismos de seguridad estatal y ciudadana.
Si bien es cierto que todos estos retiros y promociones, inciden real y efectivamente en esos cuerpos militares y policiales, toda vez que traen nuevas ideas y criterios, no menos cierto es, que se trata de tomar el “rábano por las hojas”, pues el gran mal de estas instituciones consiste en una herencia histórica de privilegios y lisonjas otorgadas a los policías y militares.
Desde la fundación de la policía nacional el 22 de marzo del 1936 y la refundación de las Fuerzas Armadas al amparo de la tiranía trujillista en el 1930, el tirano creo instituciones rodadas de privilegios. El hecho de ser militar le otorgaba diferencia de los ciudadanos comunes, un guardia en cualquier lugar era un “jefe”, es decir la prolongación de jefe que represento Rafael Leónidas Trujillo, que era un militar.
Tras el decapitamiento del sátrapa que gobernó el país por treinta aciagos años, los cuerpos militares tomaron el control del país; sembrando una cultura militarista, cuyos gobiernos civiles tenia que estar respaldados por los militares y policías para poder mantenerse en el poder: la forma de congraciarse con los mandos militares era permitirle operar libremente, utilizar trafico de influencia, darle exoneraciones, viviendas y cualquier tipo de facilidades (desde evasión de impuestos al latrocinio).
El golpe de estado escenificado contra el gobierno sietemesino de Juan Bosch, fue realizado por militares que se encontraban afectados en su libertinaje, no se les permitió hacer los desafueros que solían ejecutar, argumentado la consigna aterrorizante del anticomunismo, conquistaron los sectores conservadores; pero en realidad el motivo fue, el freno a los privilegios que preconizaba la política de institucionalidad enarbola por ese gobierno.
Los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer se caracterizaron por favorecer a los militares, al grado que cuando el hacendado Antonio Guzmán Fernández ascendió al poder, realizo algunos retiros de militares, generando mucho sigilo y peligrosidad en el país, con el temor de que estos militares pudieren general un golpe de estado; situación que fue manejada con la intervención de los Estados Unidos de América, dado la existencia de un golpe de estado virtual, contra el nuevo gobierno.
En el gobierno perredista de Salvador Jorge Blanco, se produjo la mayor entrega de recursos estatales y prerrogativas a las clases militares del país. Actuaciones ejecutadas por este político para pretender perpetuarse en el poder con el favor de estos cuerpos armados.
Estos privilegios, ayudas y permisibilidades, que por mas de medio siglo han disfrutado estos militares y policías, la mayoría de ellos enriquecidos con los recursos del estado, entes que siempre han devengado sueldos irrisorios, no se corresponde con las fortunas que por décadas han acuñados estos sectores.
El tenor de que los militares puedan trastocar el orden democrático e institucional en el país, se evidencia en la actualidad, en las propias declaraciones expresa por el Monseñor agripino Núñez Collado, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como sectores de poder y conservadores del país, en el sentido de que el tema de la depuración de la fuerzas armadas y policía nacional tiene que ser manejado con mucho cuidad y que debe ser objeto de un debate secreto.
Esta situación de soborno económico a los guardias y policías, extendida en el tiempo es la patrocinadora, de que estos estamentos sean el blanco del narcotráfico, toda vez que es un negocio seguro para los narcotraficantes contar con un sector lleno de privilegio en una sociedad todavía acosada por el terror militarista de un golpe de estado de cuño castrense.
EL PENSAMIENTO LIBERAL EN LA INDEPENDENCIA DOMINICANA
El 27 de febrero del 2008, se cumple un nuevo aniversario de la fecha patria marcada como la independencia o formación del estado nacional de la República Dominicana, acontecimiento que fue el producto de un agudo proceso de hechos históricos.
Las luchas libertarias dominicanas, iniciadas de manera material tras el lanzamiento del trabucazo en la puerta de la misericordia, en la ciudad de Santo Domingo, marcando el proceso de la proclamación del estado dominicano, envuelto en diversas tendencias ideológicos-político.
Las ideas de la trinitaria que encarnaron Duarte y sus partidarios, tenían como fundamento la concepción de un país libre e independiente de las potencias que como buitres de rapiñas se dividían los intereses continentales de las nacientes repúblicas.
Como contrapartida a estas ideas de emancipación e independencia plena, convergían otras concepciones impregnadas de intereses personales y de política internacional; hora para entregar el país a los franceses hora para que la patria sea una colonia norteamericana hora para que volvamos al protectorado español.
Siendo estas constantes de intereses políticos que apuntaló el devenir histórico dominicano hasta nuestros días. Sin embargo, una vez proclamada la independencia nacional, los intereses extranjeros parcialmente ganaron fuerza logrando perseguir, enfrentar y en algunos casos desterrar y hasta eliminar físicamente a los trinitarios.
Empero, las ideas de libertad e independencia germinaban en el seno del pueblo dominicano, constituyendo esto un obstáculo para que los planes antinacionales se consumaran, dado el peligro que siempre representó para éstos la decisión popular que aspiró a forjar su propia historia.
El General Pedro Santana, partidario de la anexión a España y persecutor férreo de los trinitarios, logra finalmente entregar la naciente república, causado de inmediato este hecho funesto, la reacción del pueblo que no se hace esperar y en los poblaciones del norte estallan conatos de lucha, generando las guerras libertarias que marcarían el nacimiento de la Segunda República.
Dado la situación de crisis económicas producto de la anexión a España y la afección del sector productivo Santiaguero, especialmente el sector tabacalero, se generó, alrededor de la burguesía y la pequeña burguesía liberal, un proceso de repudio a la anexión, declarándola como un acto de alta traición nacional, sumándose estos a los permanentes esfuerzos y luchas de los trinitarios, ya reconocidos como héroes nacionales.
Las ideas liberales que se forjaron en la parte norte de la isla, que había sido desde la época de la colonia el sector más desarrollado económica y demográficamente, habían germinado con fuerza, bajo el ideal de numerosos intelectuales, dentro de los cuales se destacan Francisco U. Espaillat, Pedro Francisco Bono y Benigno Filomeno de Rojas, entre otros.
La fortaleza de estas posiciones y el ahogamiento que representaba la capital para el Cibao, genero una lucha de carácter político que marcó el antagonismo entre estas regiones de la naciente república.
La instauración del gobierno en la Ciudad de Santiago, el voto de una nueva constitución cibaeña y la gestación de un fuerte movimiento de carácter político regional, fue consecuencia de esta realidad que signó nuestra historia.
Desde principio del siglo XIX, el Cibao era la porción mas poblada y rica del país, pero desde la independencia de 1844 se encontraba sometida a la burocracia de la ciudad de Santo Domingo.
Entre los círculos pensantes de la región y especialmente de Santiago emergió una corriente que propugnaba por un orden que garantizara la igualdad entre las distintas zonas de República Dominicana.
Aunque discretamente al principio, esos círculos cibaeños enarbolaban posturas liberales, seguramente por estar insertos en una sociedad históricamente mas avanzada que la del sur del país, donde subsistían muchos vestigios del orden colonial, mientras que en el Cibao se había gestado una sociedad de pequeños campesinos prósperos y una clases mercantil urbana que se iba perfilando como agente de orden moderno y democrático.
En 1845, o sea, al año de constituido el Estado Dominicano, Ulises Francisco Espaillat fue uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica de Fomento de Santiago, posiblemente la primera institución que tenia por propósito unir a figuras de relieve social y cultural en acciones e interés colectivos.
Desde entonces se inició la tendencia asociativa de los Notables de Santiago, comportamiento que los diferenciaba de lo que era habitual en el resto del país. Por tal razón, en la provincia de Santiago la Diputación Provincial, órgano de poder local estipulado por la Constitución de 1844, cumplía con muchos de sus cometidos, a diferencia de otras provincias.
El círculo de hombres influyentes de Santiago, pese a las inclinaciones liberales de la mayoría de ellos, mantuvo buenas relaciones con el presidente conservador Pedro Santana. Posiblemente se sentían sin la fuerza para enarbolar una alternativa contraria después que Juan Pablo Duarte y sus compañeros liberales de la Trinitaria fueron derrotados en julio de 1844.
No por casualidad fue en Santiago donde Matías Ramón Mella proclamo a Duarte presidente de la República en julio de 1844, con el beneplácito de la población de la ciudad. Pero los asuntos de los políticos se resolvían en Santo Domingo, donde Santana, jefe del ejército del sur, logró desplazar a la Junta Central Gubernativa controlada por los trinitarios. A los liberales de Santiago no les quedó otra alternativa que asociarse a Santana, quien les dio seguridades de que garantizaría sus intereses.
En 1884 Santana renunció a la presidencia y los santiagueros no se mostraron muy entusiastas con el sucesor Manuel Jiménez, no obstante que inauguraba un gobierno con cierta inclinación liberal. A mediados de 1849, los conservadores, encabezados por Santiago Espaillat, aprovechando las derrotas experimentadas por el ejército dominicano ante el ataque del emperador de Haití Faustino Soulouque, lograron derrocar a Jiménez.
Santana de nuevo se hizo cargo del poder, gracias al prestigio obtenido por la derrota que infligió al ejército haitiano en Las Carreras, a orillas del río Ocoa, pero no le interesaba en ese momento seguir siendo presidente. En las deliberaciones del Congreso para la elección de su sustituto, Santana propuso a Santiago Espaillat, pero este consideró que no podría ejercer correctamente el cargo, consciente del influjo que ejercía el hatero seybano sobre el Estado.
Finalmente la presidencia recayó sobre Buenaventura Báez y, tras su primer periodo de gobierno, se abrió una pugna terrible entre el y Santana. La elite social y política de Santiago, aunque discretamente, tomo partido por Santana, no obstante su deseo de que se instaurase un régimen menos autoritario.
Mientras tanto, Espaillat había ido ganando influencia dentro de su círculo social y en 1854 fue designado diputado a la Asamblea Constituyente por la provincia de Santiago. Como integrante de la comisión redactora del proyecto, fue de los responsables de la orientación de la nueva constitución, que abrogaba muchas de las cláusulas autoritarias de la promulgada en 1844.
Espaillat retornó a Santiago por desacuerdos con el estilo despótico de Santana, quien, para fines del año, había logrado anular la Constitución de febrero. Retornó a sus ocupaciones habituales, pero las combinó con el estudio concienzudo de los problemas nacionales, lo que le permitió redactar su primer texto de importancia, Memoria sobre el bien y el mal de la República.
La incidencia de Espaillat se acrecentó cuando el sector dirigente de Santiago se declaró en rebelión frente a la segunda administración de Buenaventura Báez, iniciada a fines de 1856. Báez concitó mucha popularidad en Santo Domingo, y logro unificar a todos aquellos que se oponían a la preeminencia de Santana.
Pero en el Cibao no logró el mismo apoyo por lo que el nuevo presidente quiso maniobrar con los excedentes económicos que generaba el cultivo del tabaco para fines de fortalecerse en el poder. Con el pretexto de eliminar las operaciones especulativas y usureras que perjudicaban a los pequeños campesinos, el gobierno dispuso un cuantioso emisor de papel moneda a fin de disminuir la cotización del peso fuerte, la moneda española de oro.
Los comerciantes de Santiago se sintieron agredidos en forma inaceptable, y lograron el apoyo de los restantes sectores de la ciudad para declarase en estado de rebelión contra el gobierno el 7 de julio de 1857. Se estableció un gobierno provisional con sede en Santiago presidido por José Desiderio Valverde. Probablemente Espaillat redacto el manifiesto que fue emitido al día siguiente, en el cual se explicaban los motivos el derrocamiento de Báez.
Las luchas libertarias dominicanas, iniciadas de manera material tras el lanzamiento del trabucazo en la puerta de la misericordia, en la ciudad de Santo Domingo, marcando el proceso de la proclamación del estado dominicano, envuelto en diversas tendencias ideológicos-político.
Las ideas de la trinitaria que encarnaron Duarte y sus partidarios, tenían como fundamento la concepción de un país libre e independiente de las potencias que como buitres de rapiñas se dividían los intereses continentales de las nacientes repúblicas.
Como contrapartida a estas ideas de emancipación e independencia plena, convergían otras concepciones impregnadas de intereses personales y de política internacional; hora para entregar el país a los franceses hora para que la patria sea una colonia norteamericana hora para que volvamos al protectorado español.
Siendo estas constantes de intereses políticos que apuntaló el devenir histórico dominicano hasta nuestros días. Sin embargo, una vez proclamada la independencia nacional, los intereses extranjeros parcialmente ganaron fuerza logrando perseguir, enfrentar y en algunos casos desterrar y hasta eliminar físicamente a los trinitarios.
Empero, las ideas de libertad e independencia germinaban en el seno del pueblo dominicano, constituyendo esto un obstáculo para que los planes antinacionales se consumaran, dado el peligro que siempre representó para éstos la decisión popular que aspiró a forjar su propia historia.
El General Pedro Santana, partidario de la anexión a España y persecutor férreo de los trinitarios, logra finalmente entregar la naciente república, causado de inmediato este hecho funesto, la reacción del pueblo que no se hace esperar y en los poblaciones del norte estallan conatos de lucha, generando las guerras libertarias que marcarían el nacimiento de la Segunda República.
Dado la situación de crisis económicas producto de la anexión a España y la afección del sector productivo Santiaguero, especialmente el sector tabacalero, se generó, alrededor de la burguesía y la pequeña burguesía liberal, un proceso de repudio a la anexión, declarándola como un acto de alta traición nacional, sumándose estos a los permanentes esfuerzos y luchas de los trinitarios, ya reconocidos como héroes nacionales.
Las ideas liberales que se forjaron en la parte norte de la isla, que había sido desde la época de la colonia el sector más desarrollado económica y demográficamente, habían germinado con fuerza, bajo el ideal de numerosos intelectuales, dentro de los cuales se destacan Francisco U. Espaillat, Pedro Francisco Bono y Benigno Filomeno de Rojas, entre otros.
La fortaleza de estas posiciones y el ahogamiento que representaba la capital para el Cibao, genero una lucha de carácter político que marcó el antagonismo entre estas regiones de la naciente república.
La instauración del gobierno en la Ciudad de Santiago, el voto de una nueva constitución cibaeña y la gestación de un fuerte movimiento de carácter político regional, fue consecuencia de esta realidad que signó nuestra historia.
Desde principio del siglo XIX, el Cibao era la porción mas poblada y rica del país, pero desde la independencia de 1844 se encontraba sometida a la burocracia de la ciudad de Santo Domingo.
Entre los círculos pensantes de la región y especialmente de Santiago emergió una corriente que propugnaba por un orden que garantizara la igualdad entre las distintas zonas de República Dominicana.
Aunque discretamente al principio, esos círculos cibaeños enarbolaban posturas liberales, seguramente por estar insertos en una sociedad históricamente mas avanzada que la del sur del país, donde subsistían muchos vestigios del orden colonial, mientras que en el Cibao se había gestado una sociedad de pequeños campesinos prósperos y una clases mercantil urbana que se iba perfilando como agente de orden moderno y democrático.
En 1845, o sea, al año de constituido el Estado Dominicano, Ulises Francisco Espaillat fue uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica de Fomento de Santiago, posiblemente la primera institución que tenia por propósito unir a figuras de relieve social y cultural en acciones e interés colectivos.
Desde entonces se inició la tendencia asociativa de los Notables de Santiago, comportamiento que los diferenciaba de lo que era habitual en el resto del país. Por tal razón, en la provincia de Santiago la Diputación Provincial, órgano de poder local estipulado por la Constitución de 1844, cumplía con muchos de sus cometidos, a diferencia de otras provincias.
El círculo de hombres influyentes de Santiago, pese a las inclinaciones liberales de la mayoría de ellos, mantuvo buenas relaciones con el presidente conservador Pedro Santana. Posiblemente se sentían sin la fuerza para enarbolar una alternativa contraria después que Juan Pablo Duarte y sus compañeros liberales de la Trinitaria fueron derrotados en julio de 1844.
No por casualidad fue en Santiago donde Matías Ramón Mella proclamo a Duarte presidente de la República en julio de 1844, con el beneplácito de la población de la ciudad. Pero los asuntos de los políticos se resolvían en Santo Domingo, donde Santana, jefe del ejército del sur, logró desplazar a la Junta Central Gubernativa controlada por los trinitarios. A los liberales de Santiago no les quedó otra alternativa que asociarse a Santana, quien les dio seguridades de que garantizaría sus intereses.
En 1884 Santana renunció a la presidencia y los santiagueros no se mostraron muy entusiastas con el sucesor Manuel Jiménez, no obstante que inauguraba un gobierno con cierta inclinación liberal. A mediados de 1849, los conservadores, encabezados por Santiago Espaillat, aprovechando las derrotas experimentadas por el ejército dominicano ante el ataque del emperador de Haití Faustino Soulouque, lograron derrocar a Jiménez.
Santana de nuevo se hizo cargo del poder, gracias al prestigio obtenido por la derrota que infligió al ejército haitiano en Las Carreras, a orillas del río Ocoa, pero no le interesaba en ese momento seguir siendo presidente. En las deliberaciones del Congreso para la elección de su sustituto, Santana propuso a Santiago Espaillat, pero este consideró que no podría ejercer correctamente el cargo, consciente del influjo que ejercía el hatero seybano sobre el Estado.
Finalmente la presidencia recayó sobre Buenaventura Báez y, tras su primer periodo de gobierno, se abrió una pugna terrible entre el y Santana. La elite social y política de Santiago, aunque discretamente, tomo partido por Santana, no obstante su deseo de que se instaurase un régimen menos autoritario.
Mientras tanto, Espaillat había ido ganando influencia dentro de su círculo social y en 1854 fue designado diputado a la Asamblea Constituyente por la provincia de Santiago. Como integrante de la comisión redactora del proyecto, fue de los responsables de la orientación de la nueva constitución, que abrogaba muchas de las cláusulas autoritarias de la promulgada en 1844.
Espaillat retornó a Santiago por desacuerdos con el estilo despótico de Santana, quien, para fines del año, había logrado anular la Constitución de febrero. Retornó a sus ocupaciones habituales, pero las combinó con el estudio concienzudo de los problemas nacionales, lo que le permitió redactar su primer texto de importancia, Memoria sobre el bien y el mal de la República.
La incidencia de Espaillat se acrecentó cuando el sector dirigente de Santiago se declaró en rebelión frente a la segunda administración de Buenaventura Báez, iniciada a fines de 1856. Báez concitó mucha popularidad en Santo Domingo, y logro unificar a todos aquellos que se oponían a la preeminencia de Santana.
Pero en el Cibao no logró el mismo apoyo por lo que el nuevo presidente quiso maniobrar con los excedentes económicos que generaba el cultivo del tabaco para fines de fortalecerse en el poder. Con el pretexto de eliminar las operaciones especulativas y usureras que perjudicaban a los pequeños campesinos, el gobierno dispuso un cuantioso emisor de papel moneda a fin de disminuir la cotización del peso fuerte, la moneda española de oro.
Los comerciantes de Santiago se sintieron agredidos en forma inaceptable, y lograron el apoyo de los restantes sectores de la ciudad para declarase en estado de rebelión contra el gobierno el 7 de julio de 1857. Se estableció un gobierno provisional con sede en Santiago presidido por José Desiderio Valverde. Probablemente Espaillat redacto el manifiesto que fue emitido al día siguiente, en el cual se explicaban los motivos el derrocamiento de Báez.
Saturday, September 20, 2008
LAS ELITES DOMINICANAS
Las elites que conformaron la estructura del poder en la República Dominicana, se definieron inmediatamente la proclamación de la independencia en 1844.
El dominio o control de Haití en la isla, no represento el total desplazamiento de los sectores representantes de la corona española en la isla, sino que el sistema político implementado por Haití, garantizo que ciudadanos del Santo Domingo español formaran parte de la elite gobernante de esta parte de la isla.
Al momento del nacimiento del proyecto separatista inspirado por las ideas liberales de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, criollos del Santo Domingo español, mantenían un estatus social económico y político que los colocaban en la elite del gobierno extranjero, representado por sectores productores del Cibao y del Este (tabaquera y hatera).
Una vez proclamada la independencia nacional, se conformo una nueva elite liderada esencialmente por los poderosos hermanos Santana, reconocidos pudientes de las producciones hateras del Este del país, que aliado a otros sectores económicos criollos, tomaron el control de la Junta Central Gobernativa provisional que dirigió los destinos de la naciente república.
Los trinitarios, que habían realizado el trabajo de base, provenientes de la pequeña burguesía empobrecida y de corte académico, quedaron relegados, sin ocupar posiciones en la alta elites dirigente de la nación. Nuestra elite se conformo de político e intelectuales, divididos en sus intereses foráneos con aspiraciones a protectorados de diferentes potencias.
Las luchas a lo interno en el incipiente poder gubernativo definieron una elite de grandes capacidades de decisión en el Estado, que encabezo el proclamado General Pedro Santana, Bobadilla, Báez, entre otros, divididos en sus polifacéticas visiones sobre el destino del nuevo país. Pedro Santana y sus partidarios, a la cabeza del Poder Ejecutivo, entendía que el país no podía subsistir al margen de un protectorado, trabajando para que sean nuevamente colonia de la madre patria.
Mientras que por su parte, Bobadilla, se inclinaba por la protección de Inglaterra, dado el poder naval y militar de esa nación, desplegando ingentes esfuerzos en primer lugar, fuera del control de la presidencia de forma solapada y luego mediante una fuerte acción política pública.
Por otra parte Buenaventura Báez, con fuertes lazos con la naciente potencia del norte del continente, agoto esfuerzos casi coronados, para procurara el protectora de los Estados Unidos de Norteamérica, además de convirtiéndose en un aliado internos de mucha influencia, que desde la Presidencia de la República, consumo actos concretos de agresión a la soberanía nacional.
José María Imbert, al frente del partido afrancesado propone la entrega de la bahía de Samaná a Francia, a cambio de su protectorado en contra de las pretensiones de las grandes potencia de controlar el destino y la vida de la recién proclamada república dominicana, a todo lo cual los trinitarios encabezado por Juan Pablo Duarte y otros sectores del norte de la isla, se opusieron terminantemente.
Los vaivenes políticos, colocan a algunos trinitarios en los resorte del control de la elite dirigentes de la nación, que permiten que las ideas de una nación soberana e independiente, constituya tema de debate dentro del estamento de las elites nacionales, el movimiento independentista conquisto partidarios poderosos en el Cibao y otros lugares del país, permitiendo mantener cierto equilibrio a los planes entreguista del sector conservador de la elite dominicana de la época.
Las luchas sucesivas de las elites dominicanas se dividieron en los estamentos elitistas que planteaban el protectorado o dominio extranjeros y aquellos partidarios de la consolidación de un país libre y soberano, impregnado de las ideas del proyecto inicial de la declaratoria de separación de Haití.
El dominio o control de Haití en la isla, no represento el total desplazamiento de los sectores representantes de la corona española en la isla, sino que el sistema político implementado por Haití, garantizo que ciudadanos del Santo Domingo español formaran parte de la elite gobernante de esta parte de la isla.
Al momento del nacimiento del proyecto separatista inspirado por las ideas liberales de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, criollos del Santo Domingo español, mantenían un estatus social económico y político que los colocaban en la elite del gobierno extranjero, representado por sectores productores del Cibao y del Este (tabaquera y hatera).
Una vez proclamada la independencia nacional, se conformo una nueva elite liderada esencialmente por los poderosos hermanos Santana, reconocidos pudientes de las producciones hateras del Este del país, que aliado a otros sectores económicos criollos, tomaron el control de la Junta Central Gobernativa provisional que dirigió los destinos de la naciente república.
Los trinitarios, que habían realizado el trabajo de base, provenientes de la pequeña burguesía empobrecida y de corte académico, quedaron relegados, sin ocupar posiciones en la alta elites dirigente de la nación. Nuestra elite se conformo de político e intelectuales, divididos en sus intereses foráneos con aspiraciones a protectorados de diferentes potencias.
Las luchas a lo interno en el incipiente poder gubernativo definieron una elite de grandes capacidades de decisión en el Estado, que encabezo el proclamado General Pedro Santana, Bobadilla, Báez, entre otros, divididos en sus polifacéticas visiones sobre el destino del nuevo país. Pedro Santana y sus partidarios, a la cabeza del Poder Ejecutivo, entendía que el país no podía subsistir al margen de un protectorado, trabajando para que sean nuevamente colonia de la madre patria.
Mientras que por su parte, Bobadilla, se inclinaba por la protección de Inglaterra, dado el poder naval y militar de esa nación, desplegando ingentes esfuerzos en primer lugar, fuera del control de la presidencia de forma solapada y luego mediante una fuerte acción política pública.
Por otra parte Buenaventura Báez, con fuertes lazos con la naciente potencia del norte del continente, agoto esfuerzos casi coronados, para procurara el protectora de los Estados Unidos de Norteamérica, además de convirtiéndose en un aliado internos de mucha influencia, que desde la Presidencia de la República, consumo actos concretos de agresión a la soberanía nacional.
José María Imbert, al frente del partido afrancesado propone la entrega de la bahía de Samaná a Francia, a cambio de su protectorado en contra de las pretensiones de las grandes potencia de controlar el destino y la vida de la recién proclamada república dominicana, a todo lo cual los trinitarios encabezado por Juan Pablo Duarte y otros sectores del norte de la isla, se opusieron terminantemente.
Los vaivenes políticos, colocan a algunos trinitarios en los resorte del control de la elite dirigentes de la nación, que permiten que las ideas de una nación soberana e independiente, constituya tema de debate dentro del estamento de las elites nacionales, el movimiento independentista conquisto partidarios poderosos en el Cibao y otros lugares del país, permitiendo mantener cierto equilibrio a los planes entreguista del sector conservador de la elite dominicana de la época.
Las luchas sucesivas de las elites dominicanas se dividieron en los estamentos elitistas que planteaban el protectorado o dominio extranjeros y aquellos partidarios de la consolidación de un país libre y soberano, impregnado de las ideas del proyecto inicial de la declaratoria de separación de Haití.
Ley obligaría médicos proveerse de seguro contra mala práctica
20 Septiembre 2008, 12:34 AM
Escrito por: PEDRO GERMOSÉN (p.germosen@hoy.com.do)
El Senado fue apoderado ayer de un proyecto de ley que obligaría a los médicos a proveerse de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil en los casos de mala práctica.
La pieza, original del senador Alejandro Leonel William Cordero (PLD-San Pedro de Macorís), dispone, asimismo, que las clínicas deberán también contratar un seguro que cubra los casos de afectación por falta de salubridad, descuido o utilización de equipos en mal estado.
La legislación, que fue remitida a estudio de la comisión de Salud Pública del hemiciclo, establece que su violación será castigada con multa de entre 5 y 15 salarios mínimos.
Recuerda que cuando un paciente tiene una complicación o los resultados del manejo efectuado no le satisfacen y sospecha que existió negligencia o impericia, puede demandar a su médico y-o clínica.
La pieza especifica que existe responsabilidad cuando la conducta del personal médico es indebida y ocasiona un perjuicio en la salud del paciente.
“El médico tiene una mayor responsabilidad profesional por estar tratando con la vida y la salud”, expresa el proyecto.
“La mala práctica médica u omisión del deber de cuidado por parte del personal a cargo de atender al paciente, se realiza contrario a lo que es debido, imperfecta, desacertada, de manera inadecuada para su fin, causando daños a la persona, en ocasiones irreparables”, resalta uno de los considerandos de la pieza.
También contempla que la mala práctica se torna relevante y merecedora de un régimen de derecho que la tipifique en la medida en que es causante de consecuencias dañosas e indemnizables.
Crisis. El proyecto de William Cordero expresa que está en crisis la tradicional relación del médico con su paciente, la cual, sostiene, se ha sustentado en la confianza.
“El objetivo de la presente ley es corregir algunos de los principales factores que la afectan, especialmente los derechos y obligaciones del médico y del paciente, para comprender la responsabilidad profesional en la práctica de la medicina”, expresa el documento.
“Los elementos fundamentales para restaurar las bases humanistas de la actuación médica incluyen el apego estricto a los conocimientos técnico-científicos de la lex artis médica, el actuar ético y digno y la atención especial a la comunicación”, agrega.
Valores. Los grandes cambios de la medicina en los ámbitos científico, tecnológico, social y económico, en una época en la que ya no existen barreras tecnológicas, “han contribuido a que se pierdan los valores humanos y a ensanchar la brecha entre el médico y el paciente”, sostiene el legislador.
La pieza, original del senador Alejandro Leonel William Cordero (PLD-San Pedro de Macorís), dispone, asimismo, que las clínicas deberán también contratar un seguro que cubra los casos de afectación por falta de salubridad, descuido o utilización de equipos en mal estado.
La legislación, que fue remitida a estudio de la comisión de Salud Pública del hemiciclo, establece que su violación será castigada con multa de entre 5 y 15 salarios mínimos.
Recuerda que cuando un paciente tiene una complicación o los resultados del manejo efectuado no le satisfacen y sospecha que existió negligencia o impericia, puede demandar a su médico y-o clínica.
La pieza especifica que existe responsabilidad cuando la conducta del personal médico es indebida y ocasiona un perjuicio en la salud del paciente.
“El médico tiene una mayor responsabilidad profesional por estar tratando con la vida y la salud”, expresa el proyecto.
“La mala práctica médica u omisión del deber de cuidado por parte del personal a cargo de atender al paciente, se realiza contrario a lo que es debido, imperfecta, desacertada, de manera inadecuada para su fin, causando daños a la persona, en ocasiones irreparables”, resalta uno de los considerandos de la pieza.
También contempla que la mala práctica se torna relevante y merecedora de un régimen de derecho que la tipifique en la medida en que es causante de consecuencias dañosas e indemnizables.
Crisis. El proyecto de William Cordero expresa que está en crisis la tradicional relación del médico con su paciente, la cual, sostiene, se ha sustentado en la confianza.
“El objetivo de la presente ley es corregir algunos de los principales factores que la afectan, especialmente los derechos y obligaciones del médico y del paciente, para comprender la responsabilidad profesional en la práctica de la medicina”, expresa el documento.
“Los elementos fundamentales para restaurar las bases humanistas de la actuación médica incluyen el apego estricto a los conocimientos técnico-científicos de la lex artis médica, el actuar ético y digno y la atención especial a la comunicación”, agrega.
Valores. Los grandes cambios de la medicina en los ámbitos científico, tecnológico, social y económico, en una época en la que ya no existen barreras tecnológicas, “han contribuido a que se pierdan los valores humanos y a ensanchar la brecha entre el médico y el paciente”, sostiene el legislador.
La Teoría del Delito en República Dominicana
(1 de 2)
El concepto “nullum crime sine lege” o máxima de la legalidad del proceso o de la pena, se encuentra recogido como principio supralegal en la constitución de la República, traducido a las normas ordinarias mediante otros postulados, sin embargo, se hace especifico en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal bajo el principio de legalidad del proceso.
Al pretender analizar la teoría del delito en la república dominicana, debemos partir de la existencia de un conjunto de normas, contendidas en el Código Penal, que tipifican los actos antijurídicos y el ilícito penal.
A desdibujar las infracciones, delitos y crímenes contenidos en el Código Penal Dominicana, a la luz de su subsunción a hechos planteados, se debe partir de determinar los elementos constitutivos del tipo transgredido por el infractor.
Para hacer la labor de encaje de la norma a los hechos, se cuenta con una rama de la ciencia jurídica, denominada teoría del delito, cuya existencia desconocen la mayoría de los jueces, juristas y abogados de la República Dominicana.
En el sistema jurídico romano (en la llamada ley de las XII Tablas), al pretender escrutar la tipicidad de lo antijurídico, plantearon los criterios de “Scriptum y voluntas”, significando el primero como la letra del contrato o acuerdo, mientras que la “voluntas” es el espíritu. Su enfoque sobre el estudio del tipo, se centra en su visión del derecho civil (para nadie es un secreto que los romanos son los padres del derecho civil, que regia todas las actividades de los ciudadanos, inclusive las acciones que hoy llamamos delito).
Para los romanos el contrato o acuerdo es la norma que los ciudadanos consensuan lo que en el derecho moderno se denomina el tipo y la “voluntas” era interpretada como el aspecto subjetivo del agente de la acción ilícita. El estado de derecho consideraba cual era la intención de quien violentaba una ley (injuria) antes de imponer una pena.
Dos penalistas del siglo XIX, Cristoph Karl Stübel y Heinrich Luden, ya se habían ocupado con anterioridad sobre la teoría del tipo pena. STÜBEL, considerado asimismo como el fundador de la teoría del tipo objetivo en 1805. Influenciado por la teoría preventiva general de la coacción sicológica de Feuerbach y de acuerdo con la máxima “nullum crimen”, elaboró un sistema de Derecho Penal fundado en el principio de legalidad, por lo que se puede afirmar que este autor apostaba por un tipo de garantía orientado por la máxima “nullum crimen”.
Lo revolucionario del concepto de tipo que Feuerbach y Stübel presentaron radicaba en su apartamiento del pensamiento procesal de la época entonces dominante, esto es: el proceso inquisitivo. Esta concepción del proceso fue abandonada con la adopción de un nuevo modelo procesal regido por el principio acusatorio. En éste, se separaban las fases de instrucción y enjuiciamiento, y por ello, el juez encargado de juzgar ya no se ocupaba de la investigación del delito y del autor, sino que esa función estaba encomendada al instructor que debía traer al plenario al autor del delito por lo averiguado, dejando, por tanto, al juez la labor de subsunción de los hechos acusados en el tipo.
Mientras que el juez inquisitivo debía encontrar al autor de los hechos, ahora éste se le entregaba al juez. Si anteriormente el instructor se ocupaba del corpus delicti, en el proceso acusatorio el juez debía subsumir lo acusado en el tipo penal, por lo que éste ya no se ocupa de investigar el corpus delicti y el autor potencial, sino que se limita al comportamiento del presunto autor en relación con tipo penal.
Con todo ello, se observa como el tipo no sólo cumplía una función de garantía, sino que además cumplía una función sistemática: el tipo contiene y circunscribe -por así decirlo, como “tipo sistemático” – los elementos objetivos y subjetivos que configuran un tipo delictivo y del que resulta el juicio de antijuridicidad.
Con eso descubrió Stübel, inmediatamente después que Feuerbach y mucho antes que H. A. Fischer y Hegler, que el tipo no debe entenderse solamente en su vertiente objetiva, sino que las características internas o subjetivas (referentes al autor) también imprimen en los tipos una marca decisiva, como por ejemplo, el “ánimo de lucro” en el tipo de hurto.
Ante todas esas apreciaciones, es relevante destacar que la mecánica utilizada en el sistema jurídico criollo, consiste en una subsunción mecánica del delito a los hechos y no de los hechos al delito, no se toman en cuentan las características internas del tipo, es decir sus elementos constitutivos en sus concepciones objetivas y subjetivas.
Esta acción mecánica de encaje, se produce por una formación exegética del derecho, que heredamos de la cultura francesa formada con los glosadores de los códigos napoleónicos que hoy día, luego de tantos años, se encuentran vigentes en la estructura jurídica y en la mentalidad de los agentes aplicadores de estas normas.
El concepto “nullum crime sine lege” o máxima de la legalidad del proceso o de la pena, se encuentra recogido como principio supralegal en la constitución de la República, traducido a las normas ordinarias mediante otros postulados, sin embargo, se hace especifico en el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal bajo el principio de legalidad del proceso.
Al pretender analizar la teoría del delito en la república dominicana, debemos partir de la existencia de un conjunto de normas, contendidas en el Código Penal, que tipifican los actos antijurídicos y el ilícito penal.
A desdibujar las infracciones, delitos y crímenes contenidos en el Código Penal Dominicana, a la luz de su subsunción a hechos planteados, se debe partir de determinar los elementos constitutivos del tipo transgredido por el infractor.
Para hacer la labor de encaje de la norma a los hechos, se cuenta con una rama de la ciencia jurídica, denominada teoría del delito, cuya existencia desconocen la mayoría de los jueces, juristas y abogados de la República Dominicana.
En el sistema jurídico romano (en la llamada ley de las XII Tablas), al pretender escrutar la tipicidad de lo antijurídico, plantearon los criterios de “Scriptum y voluntas”, significando el primero como la letra del contrato o acuerdo, mientras que la “voluntas” es el espíritu. Su enfoque sobre el estudio del tipo, se centra en su visión del derecho civil (para nadie es un secreto que los romanos son los padres del derecho civil, que regia todas las actividades de los ciudadanos, inclusive las acciones que hoy llamamos delito).
Para los romanos el contrato o acuerdo es la norma que los ciudadanos consensuan lo que en el derecho moderno se denomina el tipo y la “voluntas” era interpretada como el aspecto subjetivo del agente de la acción ilícita. El estado de derecho consideraba cual era la intención de quien violentaba una ley (injuria) antes de imponer una pena.
Dos penalistas del siglo XIX, Cristoph Karl Stübel y Heinrich Luden, ya se habían ocupado con anterioridad sobre la teoría del tipo pena. STÜBEL, considerado asimismo como el fundador de la teoría del tipo objetivo en 1805. Influenciado por la teoría preventiva general de la coacción sicológica de Feuerbach y de acuerdo con la máxima “nullum crimen”, elaboró un sistema de Derecho Penal fundado en el principio de legalidad, por lo que se puede afirmar que este autor apostaba por un tipo de garantía orientado por la máxima “nullum crimen”.
Lo revolucionario del concepto de tipo que Feuerbach y Stübel presentaron radicaba en su apartamiento del pensamiento procesal de la época entonces dominante, esto es: el proceso inquisitivo. Esta concepción del proceso fue abandonada con la adopción de un nuevo modelo procesal regido por el principio acusatorio. En éste, se separaban las fases de instrucción y enjuiciamiento, y por ello, el juez encargado de juzgar ya no se ocupaba de la investigación del delito y del autor, sino que esa función estaba encomendada al instructor que debía traer al plenario al autor del delito por lo averiguado, dejando, por tanto, al juez la labor de subsunción de los hechos acusados en el tipo.
Mientras que el juez inquisitivo debía encontrar al autor de los hechos, ahora éste se le entregaba al juez. Si anteriormente el instructor se ocupaba del corpus delicti, en el proceso acusatorio el juez debía subsumir lo acusado en el tipo penal, por lo que éste ya no se ocupa de investigar el corpus delicti y el autor potencial, sino que se limita al comportamiento del presunto autor en relación con tipo penal.
Con todo ello, se observa como el tipo no sólo cumplía una función de garantía, sino que además cumplía una función sistemática: el tipo contiene y circunscribe -por así decirlo, como “tipo sistemático” – los elementos objetivos y subjetivos que configuran un tipo delictivo y del que resulta el juicio de antijuridicidad.
Con eso descubrió Stübel, inmediatamente después que Feuerbach y mucho antes que H. A. Fischer y Hegler, que el tipo no debe entenderse solamente en su vertiente objetiva, sino que las características internas o subjetivas (referentes al autor) también imprimen en los tipos una marca decisiva, como por ejemplo, el “ánimo de lucro” en el tipo de hurto.
Ante todas esas apreciaciones, es relevante destacar que la mecánica utilizada en el sistema jurídico criollo, consiste en una subsunción mecánica del delito a los hechos y no de los hechos al delito, no se toman en cuentan las características internas del tipo, es decir sus elementos constitutivos en sus concepciones objetivas y subjetivas.
Esta acción mecánica de encaje, se produce por una formación exegética del derecho, que heredamos de la cultura francesa formada con los glosadores de los códigos napoleónicos que hoy día, luego de tantos años, se encuentran vigentes en la estructura jurídica y en la mentalidad de los agentes aplicadores de estas normas.
Tuesday, April 17, 2007
COMENTARIO "LA CONSTRUCCION DEL ESTADO" DE FRANCIS FUKUYAMA
Presentación
Un nuevo orden mundial, es la propuesta del señor Francis Fukuyama: descollante asesor en política económica de los Estados Unidos de América.
La construcción del estado, tiene un titulo retorico, pues se trata de la reformulación del estado como estructura y materialización del poder social, el cual tuvo sus origines como institución con los fueros medievales y las posteriores revoluciones burguesas que partieron del proceso de toma de poder de la insipiente clase capitalista, contra el poder de la monarquía.
Es una tesis osada hablar de construir el estado, refiriéndose a la sociedad moderna, pues en todos los países, con sus defectos y virtudes, existe un estado, siendo este la identificación del concepto de nación.
El contexto de la tesis Fukuyama sobre la construcción de estado tiene su esencia en la necesidad de reconstruir el estado-nacional, sobre nuevas bases estructurales, ideológicas y en función de su readactabilidad al nuevo orden mundial impuesto por las superpotencias.
El estado en tanto estructura del poder social que en la actualidad existe en los países desarrollados encuentra trabas, proporcionada por los mismos estados de los países desarrollados que decenios atrás, fueron conllevados a su atomización.
La reciente política internacional norteamericana basada en la tesis del estado liberal, que se expresó en los países del llamado tercer mundo en quitarle al estado funciones, tamaño y excluirlo de aéreas sociales importantes, tales como la producción de algunos bienes y servicios, lo que provocó que el estado vendiera al sector privado empresas estratégicas.
Hoy los males que el autor pretende corregir al estado actual, fueron las secuelas de la política imperialista para con los países subdesarrollados, de limitar el estado y desarrollar el sector privado, lo que generó un estado débil y con poca capacidad para solucionar problemas básicos: hoy lastres que chocan con los planes de hegemonía imperialista.
LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PREFACIO
1.2. La ausencia de capacidad estatal en los países podres ha pasado a revelarse como una seria amenaza para el mundo desarrollado.
1.3.- En los años noventa, el desplome o la debilidad del Estado habían provocado ya desastres humanitarios y de derechos humanos de gran magnitud en Somalia, Haití, Camboya, Bosnia, Kosovo y Timor Oriental.
1.4. Así pues, la debilidad del Estado constituye un asunto de primer orden tanto en el ámbito nacional como en el internacional
1.5. Este marco de análisis servirá para comprender por qué en la mayoría de los países en desarrollo los Estados son demasiados débiles y no demasiado fuertes.
2. ELEMENTOS AUSENTES EN LA ESTATALIDAD
2.1. Los Estado poseen una amplia variedad de funciones, tanto para lo bueno como para lo malo. El mismo poder coactivo que les permite defender los derechos de propiedad y procurar seguridad pública, les permite también confiscar la propiedad privada y vulnerar los derechos de sus ciudadanos. El monopolio del poder legítimo que ejercen los Estados permite que los individuos puedan escapar en sus países de lo que Hobbies denominó la “guerra de todos contra todos”, pero constituye, a la vez, la causa de conflictos y guerras en el ámbito internacional. La labor de la política moderna ha consistido en donar el poder del Estado, orientar su actividad hacia propósitos considerados legítimos por las personas a las que sirve y regular el ejercicio del poder con el Estado de derecho.
3. EL DISCUTIDO PAPEL DEL ESTADO
3.1. Con el transcurso del siglo y tras vivir la guerra, la revolución, la depresión y de nuevo la guerra, ese orden liberal mundial se derrumbó y el Estado liberal minimalista fue sustituido en gran parte del mundo por otro sumamente más centralizado y activo.
3.2. Mientras a principios de siglo los sectores estatales consumían en la mayoría de los países occidentales y en Estados Unidos poco más del 10% del Productos Interior Bruto (PIB), en los años ochenta absorbían casi el 50% (y el 70% en el caso de la Suecia socialdemócrata).
3.3. Como reacción a esta tendencia, instituciones financiera internacionales (IFI) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, junto al gobierno de Estados Unidos, recomendaron enérgicamente una serie de medicad enfocadas a reducir el grado de intervención estatal en los asuntos económicos; se trataba de un paquete de medidas al que uno de sus autores (Washington, 1994) atribuyó la denominación de “consenso de Washington” y al que sus detractores en Latinoamérica llamaron “ neoliberalismo”.
3.4. Al analizarlo con perspectiva, puede decirse que no había nada de malo en el consenso de Washington en sí: los sectores estatales de los países en desarrollo constituía en multitud de casos un obstáculo para el crecimiento y, ante eso, la solución a largo plazo pasaba por la liberalización económica.
4. ALCANCE FRENTE FUERZA
4.1. Dicho de otra forma: Estados Unidos tiene un sistema de gobierno limitado que históricamente ha restringido el alcance de la actividad estatal.
4.2. Una de las razones por las que nuestro concepto de estatalidad resulta confuso es que el término “fuerza” se emplea a menudo para referirse indistintamente a los que aquí se ha denominado “alcance” y a lo que se ha llamado “fuerza” o “capacidad.
4.3. La mayoría de las personas estarían de acuerdo en que tiene que haber algún grado de jerarquía: por ejemplo, los Estados necesitan garantizar el orden público y la defensa ante invasiones externas antes que proporcionar un seguro de enfermedad universal o educación superior gratuita.
4.4. Sin duda, existen países que intentan realizar complejas tareas gubernamentales tales como la gestión de empresas paraestatales o la asignación de crédito de investigación y, sin embargo, son incapaces de proporcionar bienes públicos básicos como leyes y orden o infraestructuras públicas.
4.5. “Fuerza” en este caso equivale, tal y como hemos apuntado anteriormente, a capacidad de elaboración y ejecución de políticas de promulgación de leyes; administración eficaz con la mínima burocracias; control del soborno, la corrupción y el cohecho; mantenimiento de un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones publica; y lo más importante, el cumplimiento de las leyes.
4.6. Lo ideal es estar situado en el cuadrante I, que conjuga un alcance limitado de las funciones estatales con una alta eficacia institucional.
4.7. Fracasa en el desempeño de junciones mínimas como la protección del derecho de propiedad, pero se supone que el crecimiento irá disminuyendo a medida que los Estados se desplacen hacia la derecha de eje X.
4.8. El peor lugar a ocupar, en término de rendimiento económico, es el cuadrante I V, en el que un Estado ineficaz asume una ambiciosa seria de actividades que no puede llevar a cabo correctamente.-
4.9. Existe un fuerte contraste entre estos casos y el de Nueva Zelanda, que adoptó una serie de reforma liberalizadoras a mediados de los años ochenta bajo la dirección del Partido Laborista y su ministro de Finanzas, Roger Douglas.
4.10. Nueva Zelanda, de este modo, se había desplazado a mediados de los años noventa hacia el codiciado.
5. ALCANCE, FUERZA Y DESARROLLO ECONÓMICO
5.1. El llamado consenso de Washington consistía en una lista razonable de medidas en material de política económica diseñadas para desplazar a los países hacia la izquierda del eje X mediante una protección arancelaria reducida, la privatización, la reducción de subsidios, la liberalización, etc.
5.2. El problema fue que, durante el proceso de reducción del alcance estatal, muchos países disminuyeron la fuerza del Estado o generaron una demanda de nuevos tipos.-
5.3. La red neopatrimonial se ve muchas veces amenazadas por la existencia del sector estatal moderno y se disputa los recursos con él.
5.4. Las crisis financieras sufridas por Tailandia y Corea del sur estaban, en ambos casos, relacionadas con la liberalización prematura de la cuenta de capital, ya que ésta se produjo en ausencia de unas instituciones reguladoras adecuadas que pudieran supervisar a los sectores bancarios nacionales, que se vieron de pronto desbordado por enormes cantidades de capital extranjero a corto plazo (Lanyi y Lee, 1999, Haggard, 2000).
5.5. En Rusia y en otros países poscomunistas, el problema era un tanto diferente. La privatización de las empresas estatales constituye, sin lugar a dudas, un objetivo apropiado de la reforma económica, pero requiere un grado considerable de capacidad institucional para llevarla a cabo correctamente.
5.6. Evidentemente, resulta imposible generalizar, dado que el rendimiento económico dependerá de las capacidades institucionales específicas y las funciones estatales en cuestión, así como de muchos otros factores.
5.7. No obstante, se ha demostrado que la fuerza de las instituciones estatales es, en término generales, más importante que su alcance.
8. La existencia de una correlación positiva tan significativa entre la recaudación fiscal y el nivel de desarrollo indica que, en general los efectos negativos del alcance excesivo del Estado quedan, a la larga, compensados por los efectos positivos de una mayor capacidad administrativa.
6. LA NUEVA SABIDURÍA POPULAR
6.1. La preocupación acerca de la fuerza del Estado, a la que se le han asignado encabezamiento como “la gobernanza” “la capacidad del Estado” o “la calidad institucional”, ha figurado siempre bajo diferentes epígrafes en la economía del desarrollo.
6.2. La comunidad del desarrollo que los derechos de propiedad formales y, en un sentido más amplio, el buen funcionamiento de las instituciones legales resultantes fundamentales para la eficiencia.
6.3. Woolcock y Pritchett (2002) abordan el problema de “alcanzar a Dinamarca”, donde “Dinamarca” representa de forma genérica a un país desarrollado con unas instituciones estatales eficientes.
7. DISEÑO Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
7.1. La administración Consiste en un conjunto de conocimientos en el que se puedan adquirir fácilmente formación y titulación. A pesar de que se han tratado de formalizar en repetidas ocasiones los conocimientos sobre organizaciones para aglutinarlos en un bloque teórico semejan te a la teoría microeconomía (algunos economistas los consideran, de hecho, una rama de la microeconomía), los resultados no han sido del todo satisfactorios.
8. DISEÑO DEL SISTEMA POLÍTICO
8.1. Las ciencias políticas se centraron en el diseño de instituciones políticas y legales durante el periodo previsto a la Segunda Guerra Mundial, un enfoque que tres o cuatro décadas después, quedó eclipsado por interpretaciones más sociológicas y estructurales de las instituciones y su funcionalidad.
8.2. Este tipo de teoría tiende a estudiar la compensación entre diferentes objetivos del diseño político tales como la “representatividad” y la “gobernabilidad”.
8.3. A este respecto, el autor argumenta que la concentración de poder en el vencedor y los periodos fijos que establece el presidencialismo tendían a fermentar la inestabilidad y la ilegitimidad en Latinoamérica y en otras regiones donde era un rasgo importante del diseño no era debido al presidencialismo en sí, sino más bien al tipo de sistema electoral empleado en la rama legislativa, que ha provocado a menudo problemas como el bloqueo político (por ejemplo, la combinación del sistema presidencia con presentación legislativa proporcional, típica en gran parte de Latinoamérica: véase Horowitz, 1990; Lijphart, 1996, Lardeyret, 1996; Cowhey y Haggard;, 2001).
8.4. Todas estas investigaciones aportan un abundante realismo contextual, pero resulta relativamente limitada como teoría del diseño de un sistema político óptimo.
9. BASE DE LEGITIMACIÓN
9.1. Es decir, las instituciones estatales, en su conjunto, no sólo cooperar de forma adecuada en sentido administrativo, sino que deben, además, concebirse como instituciones legitimadas por la sociedad correspondiente.
9.2. Con más de treinta años de perspectiva, no estas claro aún que resulte tan fácil separar la capacidad del Estado (o el desarrollo político, según la terminología de Huntington9 de la legitimidad.
9.3. Przeworski y Alvarez (1996) sostienen que el grado de desarrollo no aumenta las probabilidades de emprender una transición hacia la democracia , pero si de reemprender una transición hacia el autoritarismo.
9.4. Muchos economistas políticos dan por sentado que la reforma económica exige austeridad, recortes laborales y otro tipo de alteraciones a corto plazo y, por tanto, suscitan oposición política y reacciones violentas.
9.5. En definitiva, la relación empírica entre la democracia y el desarrollo continúa siendo compleja y ambigua: no confirma las transiciones autoritarias como el método general de aplicación de reformas económicas, ni la democratización como estrategia de crecimiento.
9.6. Las normas, los valores y la cultura influyen sobre todo en la parte de la oferta de instituciones, ya que son elementos que favorecen o entorpecen, según el caso, la creación de determinados tipos de instituciones formales; no obstante, interviene también en la parte de la demanda, en la que generan ciertamente necesidades y fobias institucionales.
10. FACTORES CULTURALES Y ESTRUCTURALES
10.1. Las normas formales pueden ser modificadas mediantes la política pública; las normas culturales, por el contrario, no pueden modificarse y a pesar de que van cambiado con el tiempo, resulta mucho más complejo dirigir su evolución.
10.2. Unos instantes de reflexión deberían bastar para concluir que los factores culturales influyen enormemente en la evolución de las instituciones formales
10.3. Neopatrimonialismo y el clientelismo. Una sociedad organizada en grupos cohesionados ya sea en forma de asociaciones de padres y profesores, organismo de control u organizaciones de defensa de los intereses de un colectivo – es mucho más probable que exija y obtenga transparencia que una formada por individuos desorganizados.
11. EL CONOCIMIENTO TRANSFERIBLE SOBRE LAS INSTITUCIONES
11.1. En este microámbito, las organizaciones pueden modernizarse, destruirse, crearse de nuevo o gestionarse para bien o para mal mediante métodos que recurren a la experiencia histórica de un amplio conjunto de países.
11.2. En los componentes segundo y tercero se hallan también algunos conocimientos transferibles: el diseño institucional en el ámbito del sistema y, en particular, el diseño de sistemas políticos democráticos viables.
11.3. Rara vez se crea de nuevo todo el sistema de un país y, cuando éste ya ésta creado, se imponen las dependencia de la trayectoria (es decir, la probabilidad de permanecer en una trayectoria debido a los costes que supone modificar un conjunto de instituciones ya existentes) y esto dificulta las reformas (Krasner, 1984).
11.4. Los valores culturales son, en realidad, frutos de la educación, del liderazgo y de la interacción con otras sociedades y, además cambian con el transcurso de los años.
11.5. No obstante, no hay que perder de vista que los cambios en la sociedad requieren mucho tiempo y, a corto plazo los valores culturales sólo se pueden modificar en microámbito: en organizaciones concreta, en escuelas o en pueblos.
11.6. Es probable que la respuesta resida en gran medida, en la existencia de unas circunstancias históricas extraordinarias. Greif (1993), por ejemplo, aplica la teoría de juego para explicar cómo los comerciantes magrebíes del siglo Xl emplearon coaliciones multilaterales par imponer contratos a los agentes en un entorno carente de autoridades políticas generales que proporcionaran un marco legal, y como este sistema resultaba mas eficiente que los mecanismo bilaterales de aplicación de leyes.
11.7. En otros casos, no es un conflicto interno lo que genera la demanda de instituciones, sino más bien conmoción exógena grave como una crisis monetaria, una recesión, una hiperinflación, una revolución o una guerra. Tilly (1975) basa su famosa explicación del auge del Estado-Nación europeo en que fue la necesidad de declarar una guerra a mayor escala lo que genero una demanda de recaudación fiscal, de capacidad administrativa y de centralización burocrática en Estado como Francia, España y Suecia.
11.8. Las razones son compleja y no del todo claras. Sorensen sugiere que para los países de desarrollo tardío resultaría sencillo adquirir tecnología militar sin necesidad de poner en marcha reformas institucionales drásticas para hacer uso de ella.
11.9. La otra fuente externa de creación de demanda de instituciones es el poder político ejercido directamente por los países o los consorcios de países como autoridades de ocupación, o a través de una estrecha relación directa con el gobierno local. ´´ Esto es lo que denominamos ´´ construcción de nación.
12. EMPEORANDO LA SITUACIÓN
12.1. Así pues, existen graves limitaciones en la capacidad de los poderes externos de crear demanda de instituciones y, por tanto, limitaciones para transmitir a los países en desarrollo los conocimientos existentes sobre construcción y reforma institucionales. Estas limitaciones indican que las IFI, los donantes internacionales y sobre todo la comunidad de las ONG, deberían ser prudentes a la hora de levantar expectativas sobre la eficacia a largo plazo de su nueva máxima de ´´construcción de capacidades´´.
12.2. En realidad, la gravedad del problema es aún mayor: la comunidad internacional no se encuentra únicamente limitada en la cantidad de capacidad que es capaz de construir, sino que, además, es cómplice de la destrucción de la capacidad institucional en muchos países en desarrollo. La destrucción de la capacidad tienen lugar a pesar de las buenas intenciones de los donantes y derivas de los contradictorios objetivos que la ayuda internacional pretende alcanzar.
Capítulo II:
13. LOS ESTADOS DÉBILES Y EL AGUJERO NEGRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
14.1. El tipo de conocimiento sobre las instituciones más susceptible de ser formalizado y, por tanto, transferido más allá de las fronteras sociales y culturales es el que concierne al diseño y a la gestión de las organizaciones.
14.2. El hecho de que no dispongamos de unas normas de validez universal para el diseño organizacional significa, forzosamente, que el ámbito de la administración pública construye un arte más que una ciencia.
14.3. El problema de la capacidad decisoria delegada está presente en una gran cantidad de asuntos del mundo de las ciencias políticas y económicas.
15. La idea de que no existe una forma óptima de organización o una ciencia de la administración pública no será novedosa para el especialista veterano en los campos de gestión y administración pública.
16. LA ECONOMÍA INSTITUCIONAL Y LA TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES
16.1. Las teoría económicas sobre las organizaciones comienzan con la teoría de la empresa de Ronald Coase (1937), que establecía la distinción básica entre mercados y jerarquías y sostenía que determinadas decisiones de asignación de recursos se tomaban dentro de organizaciones jerárquicas debido a la necesidad de economizar costes de transacción.
16.2. La teoría de la empresa de Coase no era en realidad una teoría de las organizaciones, sino más bien una teoría que daba cuenta de la razones que habían conducido a trazar de una forma determinada el limite entre los mercados y las organizaciones. Williamson (1975, 1985, 1993) empleó el marco de los costes de transacción y lo completó con múltiples detalles sobre los motivos por los que se preferían las jerarquías en lugar de los mercados.
16.3. Sin embargo, las ciencias económicas pusieron su sello distintivo en la teoría organizacional cuando comenzaron a trasladar sus propios supuestos sobre la conducta individualista al marco de la empresa. Las organizaciones son conjuntos de individuos que manifiestan un comportamiento, de una parte, cooperador y, de otra, competitivo o interesado.
17. LA AMBIGÜEDAD DE LOS FINES
17.1. La primera causa de ambigüedad en las organizaciones reside en sus fines, a menudo poco claros, contradictorios o definidos con escasa precisión. El esquema principal-agente presupone que los principales son actores racionales que entienden perfectamente sus propios intereses. La autoridad circula en una dirección: de arriba abajo de la jerarquía.
17.2. Sin embargo durante mucho tiempo ha existido una importante rama en la teoría de las organizaciones que recalcaba la limitada racionalidad de los miembros de la organización. El ejemplo más destacado es el concepto de ¨´ satisfaciente¨ (satisfacing) que Hurbert Simon empleo en su obra Administrative Bebavior (1957) para explicar cómo la conducta que se había observado empíricamente en los individuos pertenecientes a organización racional.
17.3. Uno del inconveniente del esquema principal agente radica en el supuesto de que la autoridad circula en una dirección: hacia abajo. Buena parte de los conflictos que surgen entre principales y agentes derivan de interpretaciones discordantes sobre la mejor fórmula para alcanzar objetivos comunes.
17.4. Existen otras causas de ambigüedad en las organizaciones que confirman que ninguna definición formal de una organización optimizará totalmente los fines de dicha organización.
18. PRINCIPALES, AGENTES E INCENTIVOS
18.1. Los incentivos del agente no pueden alinearse nunca por completo con los de sus por completo con los de sus principales. Buena parte de la teoría organizacional se ocupa de crear el mecanismo que puedan proporcional una mayor alineación de dichos incentivos. En múltiples circunstancias, existen la posibilidad de supervisar el rendimiento de los agentes de tal modo que después se les pueda exigir una presentación de cuentas.
18.2. Controlar la conducta de los agentes y someterlos a evaluación contable resulta especialmente complicado en el sector público. Las organizaciones del sector público producen fundamentalmente servicios, y medir la productividad del sector de servicios resulta, dada su naturaleza, extremadamente complejo.
18.3. El asunto del control y la transparencia es ya bastante complicada en las organizaciones del sector privados, donde al menos se dispone de cotas de rentabilidad para calcular el rendimiento, pero resolverlo se presenta como una tarea prácticamente imposible en muchas de las producciones del sector publico. Si el rendimiento no puede medirse con precisión, no puede haber, en última instancia, mecanismo formal alguno para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
18.4. El volumen de decisiones que toma un ministro de Exteriores es reducido, pero resulta complejo interpretar las consecuencias de dichas decisiones en el bienestar de un país.
19. LA DESCENTRALIZACION Y LA CAPACIDAD DECISORIA
19.1. La tercera causa de ambigüedad en el diseño organizacional no concierne a cómo se controla a los agentes, sino al grado de capacidad decisoria que se debería delegar en ellos según el nivel de la jerarquía en que se encuentren. Existen algunas reglas generales para obtener el grado adecuando de descentralización, que no llegan a la categoría de teori8a formal. Por ejemplo, el terreno de responsabilidad cedido a un determinado que pertenezcan exclusivamente al área de control de dicho nivel.
19.2. Esto es lo que en política se denomina el principio de subsidiariedad, según, el cual, en las decisiones no deben intervenir niveles de gobierno superiores a los necesarios para desempeñar una determinada función.
19.3. Existen razones para pensar que, desde el punto de vista funcional, el grado adecuando de delegación depende de la tecnología y, por tanto, cambia con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, muchas de las nuevas tecnología de finales del siglo XlX, tales como los ferrocarriles, fuentes de energía alimentada por carbón, el acero y la industria pesada se beneficiaron de las economía a gran escala y promovieron así la centralización
19.4. Mucho antes del advenimiento de la revolución contemporánea de la información, Hayek (1945), seguido de tecnología de las economía moderna exigía un grado mas elevado de descentralización en el proceso tomar decisiones.
19.5. La necesidad de autoridad delegada aumenta también cuando la labor realizada por el agente es compleja o implica un alto grado de capacidad decisoria y de criterio. Éste es el caso del rendimiento del sector de servicios, que implica la combinación de un alto nivel de especialización con grandes cantidades de información que depende del contexto, como ocurre en la medicina, la contabilidad, el derecho, etc.
20. PERDER EL CONTROL Y REINVENTAR LA RUEDA
20.1. El problema central al que enfrenta toda organización es la delegación de capacidad decisoria. Las tres causas de ambigüedad comentada con anterioridad la racionalidad limitada al plantear los objetivos de la organización, las formas alternativas de abordar el control de la conducta del agente y las dudas acerca del grado de capacidad decisoria que se debe delegar guardan, todas ellas, relación con este asunto.
20.2. La disciplina de las ciencias económicas se caracteriza por un gran cuerpo de teoría abstracta que postula normas universales del comportamiento humano. Cuando se aplica a los mercados, dicha teoría es lo suficientemente solida para determinar tanto las condiciones de equilibrio como las de optimalidad.
20.3. Cuando esta misma herramienta metodológica se emplea para analizar el interior de la caja negra de las organizaciones, producen resultados útiles e interesantes en la medida en que las personas, en las organizaciones, interactúan motivadas por sus propios intereses. Sin embargo, en las organizaciones, las personas interactúan de forma diferente a como lo hacen en las lejanas interacciones por las que se caracterizan los mercados: las normas, los valores, las experiencia compartidas y las intensas relaciones sociales establecida en diversos ámbitos tienen una mayor presencia y conforman las prioridades y las funciones de utilidad de los particípate.
20.4. El hecho de que el estudio en la administración publica no pueda formalizarse en la medida en que es posible formalizase la microeconomía, no responde a que el campo no haya sido tratado aún con suficiente rigor analístico, sino a causa inherentes al objeto de estudio.
20.5. Los motivos cambiantes son considerados una parte importante de la administración, al igual que la creación de nuevos códigos morales.
21. LA CONSTRUCCION DE CAPACIDAD EN CONDICIONES DE AMBIGÜEDAD ORGANIZACIONAL: IMPLICACIONES POLÍTICAS
21.1. De la conclusión teórica de que no existen organizaciones óptimas se desprenden una seria de implicaciones prácticas importantes. La primera de ella es apoyar la afirmación de Woolcock y Pritchett (1992) de que, en las políticas de desarrollo, debemos ser prudentes antes de aseverar la existencia de normas de validez general o de dar lecciones que puedan aplicarse a la reforma del sector publico, la gestión de proyectos o la oferta de servicios.
21.2. La importancia y el dominio de las normas en la gestión y la administración pública indican que el desarrollo institucional estará fuertemente influido por la estructura social, la cultura y otras variables que no se encuentran bajo el control directo de la política pública.
21.3. No debería sorprender la afir5macion de que la administración pública es idiosincrásica y no puede someterse a amplias generalizaciones. Después de todo, la observación de Hayek de que el conocimiento en una economía e s local, ha sido muy tenido en cuanta y subyace en nu8estra preferencia por los sistema económico descentralizados y basado en el mercado.
21.4. El hecho de que la ambigüedad organizacional exista no quiere decir que tengamos que llevarnos las manos a la cabeza y pensar que nada marcha bien en la administración publica. Aunque las mejores prácticas no existan, si existen las peores o, cuando menos, practicas inadecuadas que deben tratar de evitarse.
21.5. A finales de 1945, cuando Estados Unidos llegó a Japón como fuerza de ocupación, se embarcó en un ejercicio de construcción nacional muy celebrado para convertir a Japón en una democracia. Los japoneses importaron muchas instituciones occidentales, entre las cuales estaba una nueva constitución que, con sorprendente éxito, había elaborado el personal del general Mac Arthur (véase Dower, 1999).
22. ESTADOS DÉBILES Y LEGITIMIDAD INTERNACIONAL
22.1. En los dos primeros capítulos he tratado el problema de la gobernanza débiles y de las instituciones ausentes o inadecuadas en el ámbito estatal-nacional, donde constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico particular de los países pobres. Sin embargo, este es
Conclusiones
La construcción del estado es una tesis tan controvertida como el Fin de la Historia, ambas propuestas por Francis Fukuyama.
El estado débil, fallido, defectuoso ideas que tuvieron su aparición polémica desde la conferencia del autor dictada en España, arropo el ambiente político dominicano, que se sintió acusado de fallido, situación que motivo una fuerte polémica de corte nacional e internacional.
La construcción del Estado no es más que la visión de los Estados Unidos de América como país gendarme internacional, sobre los correctivos de carácter institucionales que se deben ejecutar para colocar los países de tercer mundo en condiciones de participar en la distribución de los intereses mundiales.
Estados Unidos, se conformidad con la tesis Fukuyama, aspira a que los países satélites fortalezcan sus estados, toda vez que los estados débiles representante una amenaza para los Estados fuertes, especialmente imperialismo del norte.
Sostiene a modo de ejemplo los problemas generados con los estados debilites, es decir que aunque tiene una gran estructura no garantizan los servicios básico, sus sistema jurídicos son defectuosos e inoperativos, etc.
Buscando, tal como sostiene el autor de La Construcción del Estado, que un estado idea es un estado fuerte, con sus instituciones eficaces, cuyo alcance sea importante en la organización de los servicios y las instituciones que lo estructuran.
Los estados fallidos no garantizan la inversión, el cobro de la deuda externa y sus intereses, la política de mercado ultramar para los excedentes productivos, así como la ejecución de políticas militares y sociales que fortalezcan sus intereses.
Tal y como la tesis del neoliberalismo económico, que evidentemente, fracaso y fue contraproducente para sus intereses imperiales, esperamos que la formatéales del estado tercermundista no constituya en el futuro, otro desacierto en la política mundial.
1.- La Construcción del Estado, Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, Fukuyama Francis, Una fascinante propuesta histórica y filosófica para el siglo XXI, Ton Wolf, 2004.-
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